De guerrilleros a víctimas; de héroes a perpetradores: movimientos y relaciones del conflicto armado colombiano y la práctica de identificación e investigación forense en el caso de los Falsos Positivos

From guerrilla member to victim; from heroes to perpetrators:
Movements and relations of the Colombian armed conflict
and the practice of forensic identification
in the case of False Positives

María Fernanda Olarte-Sierra1*

Universidad de Amsterdam (Holanda)

Jaime Enrique Castro Bermúdez

Fiscalía General de la Nación (Colombia)

Palabras clave

Producción de conocimiento
Identificación forense
Conflicto armado colombiano
Falsos positivos

Resumen: En este texto abordamos cómo las prácticas forenses de investigación e identificación participan en la producción de ciertos tipos de víctimas y de perpetradores en el marco del conflicto armado colombiano. Argumentamos que la identificación forense, como cualquier otra práctica, produce aquello que estudia. Acá nos referimos al caso conocido como los «falsos positivos»: jóvenes civiles, sin nexos con grupos guerrilleros, que fueron engañados con falsas promesas de trabajo para luego ser encontrados muertos y presentados como bajas guerrilleras en combate. En cuanto a los perpetradores, fueron miembros de las Fuerzas Militares quienes realizaron las ejecuciones extrajudiciales de población civil con el fin de transmitir la idea de que la guerra contra el terrorismo se estaba ganando. Nuestro trabajo aborda el quehacer de expertos forenses de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y nos basamos en datos recopilados a través de una combinación de conversaciones (auto)etnográficas y reflexivas sostenidas por los autores, entrevistas con cuatro peritos forenses de la Fiscalía e investigación de archivo. Esta manera de acercarse a la producción de conocimiento forense hace posible que podamos entender a estos expertos como actores activos (y no simples testigos) del conflicto armado, en la medida en que participan de la producción tanto de las víctimas como de los perpetradores.

Keywords

Knowledge production
Forensic identification
Colombian armed conflict
False positives

Abstract: In this text, we address how forensic practices of investigation and identification participate in the production of certain types of victims and perpetrators in the context of the Colombian armed conflict. We argue that forensic investigation and identification practices, like any other practice, produce what they study. Here we refer to the case known as the false positives: young civilians, without any ties to guerrilla groups, and who were deceived with false promises of work were presented as guerrilla casualties in combat. As for the perpetrators, it was members of the Military Forces who carried out the extrajudicial executions of the civilian population in order to convey the idea that the war against terrorism was being won. We address the work of forensic experts from Colombia’s Attorney General’s Office and we base our analysis on data collected through a combination of (self)ethnographic and reflective conversations held by the authors, interviews with four forensic experts from the Attorney General’s Office and archival research. This way of approaching the production of forensic knowledge makes it possible for us to understand these experts as active actors (and not mere witnesses) of the armed conflict, to the extent that they participate in the production of both victims and perpetrators.

* Correspondencia a / Correspondence to: María Fernanda Olarte-Sierra. Universidad de Amsterdam (Holanda), Roeterseiland Campus. Nieuwe Achtergracht 166. 1018 WV Amsterdam – olartesierra@gmail.com – http://orcid.org/0000-0002-6537-7138.

Cómo citar / How to cite: Olarte-Sierra, María Fernanda; Castro Bermúdez, Jaime Enrique (2021). «De guerrilleros a víctimas; de héroes a perpetradores: movimientos y relaciones del conflicto armado colombiano y la práctica de identificación e investigación forense en el caso de los Falsos Positivos». Papeles del CEIC, vol. 2021/2, papel 255, -15. (http://doi.org/10.1387/pceic.22818).

Fecha de recepción: junio, 2020 / Fecha aceptación: abril, 2021.

ISSN 1695-6494 / © 2021 UPV/EHU

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1. Introducción

El conflicto armado colombiano es considerado como el más largo en la historia del continente americano (Rettberg y Ortíz-Riomalo, 2016) al contar, por lo menos, con seis décadas de violencia sostenida (Krystalli, 2019). Los actores armados, así como sus formas de asesinar, torturar y desaparecer personas son múltiples. Han participado narcotraficantes, guerrillas políticas y narco guerrillas, fuerzas paramilitares, el Estado y miembros del ejército. Todos han cometido actos de violencia contra poblaciones civiles con fines de controlarlas y controlar el territorio, así como para desestabilizar a sus opositores (Fajardo, 2014). Ha tenido como escenario espacios tanto rurales como urbanos y la violencia se ha expandido por todo el país. Así, aquellos que se consideran víctimas directas han cambiado con el tiempo y sus cifras se han incrementado sostenidamente (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014; Rodríguez Morales, 2016). El Registro Nacional de Víctimas, para el 1 de diciembre de 2020, ha incluido más de nueve millones de víctimas del conflicto armado en Colombia (Unidad para las Víctimas, 2020).

Este universo de víctimas está lejos de ser uniforme y homogéneo, en tanto «las víctimas», como categoría, no se han constituido de igual forma en todos los casos (Krystalli, 2019). Víctima es una categoría e identidad múltiple y compleja, que definitivamente no es inequívoca (Gatti, 2011 y 2014; Guglielmucci, 2017), especialmente para quienes buscan el reconocimiento oficial y solicitan compensación y reparación del Estado actualmente en el marco de la Ley 1448/2011 —también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras— (Congreso de Colombia, 2011), ley bajo la cual se agrupan las personas que, a los ojos del Estado, son víctimas legítimas de actos de violencia ocurridos en el contexto del conflicto armado2. Es tarea de la Fiscalía General de la Nación (en adelante, por sus siglas, FGN) contribuir a la verificación de las declaraciones de presuntas víctimas a través de sus diferentes unidades y de acompañar dichas investigaciones con el trabajo de identificación que realizan los expertos forenses en situaciones que involucren restos de personas que murieron o que están declaradas como desaparecidas (Mora-Gámez, 2016). Aquí vale la pena señalar que el mundo se hace en la práctica (Asdal, 2012; Mol, 2012; Law, 2015; M’charek, 2016). Ni las víctimas, ni los perpetradores, ni quienes participan en establecer quién es cuál preexisten al proceso y al acto de nombrarlos. Estos diferentes actores existen en la interacción de unos con otros y, en el caso particular de los intereses de este texto, en la práctica de investigación e identificación forense como parte de un entramado socio-judicial que participa en esa producción de víctimas y perpetradores. Además, aunque aparentemente claras y obvias —donde víctima es quien sufre un acto de violencia y perpetrador aquel que ocasiona el sufrimiento—, ninguna de estas dos categorías puede darse por sentada, en tanto son múltiples y como señalamos arriba, relacionales, además de responder a momentos específicos y ser moldeadas por una amplia variedad de actores sociales. Víctima es una categoría en disputa e inestable (Madrid, 2013; Vecchioli, 2013; Gatti, 2014). El tipo de víctima que abordamos en este texto pertenece al universo de víctimas reconocidas y legitimadas por el estado colombiano. Reconocemos que se trata de una forma limitada y particular de ser víctima y que no es de ninguna manera representativa de la experiencia de otras víctimas en Colombia.

Enmarcamos nuestro trabajo en las prácticas de identificación adelantadas por peritos forenses de la FGN de Colombia. Estos expertos trabajan en medio de un conflicto armado en curso y tienen, además, un papel primordial en los escenarios de justicia tanto ordinaria como transicional al producir elementos que los jueces y fiscales utilizan para tomar decisiones sobre casos específicos. Argumentamos que la investigación e identificación forense, como cualquier otra práctica, participan en la producción de aquello que estudian; en el caso de este artículo, nos referimos a un conjunto de las víctimas del conflicto armado colombiano, el caso conocido como «falsos positivos»: ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de miembros de las fuerzas armadas. Nuestro análisis involucra dos ramas antropológicas. Una es la antropología de la ciencia, que entiende que los productos científicos son productos socio-culturales situados en momentos y espacios específicos (Mol, 2012; M’charek, 2013; Law, 2015; Blume, 2017). La segunda es la antropología social, que nos permite abordar los hechos, las prácticas y los objetos sociales del conflicto armado como temas contextualizados en un espacio socio-cultural y político-histórico específico (Uribe, 2008; Castillejo-Cuellar, 2014).

Aquí presentamos resultados de una investigación que adelantamos desde inicios de 2017, en la que los autores abordamos etnográficamente las prácticas forenses de identificación en Colombia en el marco del conflicto armado y nos enfocamos en el trabajo de los peritos forenses de la Fiscalía. En este artículo somos dos autores; ambos analizamos el material empírico y redactamos el texto. Sin embargo, Jaime también es fuente de datos en nuestro proyecto etnográfico, que se inició desde el interés de María Fernanda por los efectos de la práctica forense más allá del sistema judicial. Después de varias entrevistas y encuentros entre nosotros, en los que María Fernanda entrevistaba a Jaime, decidimos pensar estos temas en equipo y así desarmar el binomio investigador/investigado. Es por esto que la voz de Jaime por momentos aparece como la de un participante, tal y como la de los otros cuatro peritos forenses que hemos entrevistado. Decidimos incluirlo como participante y autor a la vez, porque su experiencia y las historias que ofrece cuando nos reunimos a pensar juntos han sido fundamentales para dar sentido y forma a las preguntas que nos hemos planteado, así como para el análisis del material que recolectamos (Olarte-Sierra, 2019).

2. Los «falsos positivos»: el Estado contra los ciudadanos

De enero a agosto de 2008 hubo denuncias por la desaparición de varios jóvenes del municipio de Soacha y barrios marginados del sur de Bogotá. A mediados de septiembre del mismo año, once de estos jóvenes fueron encontrados muertos en un municipio del noreste del país, a más de 400 de kilómetros de sus casas. El ejército los presentó como bajas guerrilleras en combate. Sin embargo, sus familiares, especialmente sus madres, negaron que sus hijos fueran guerrilleros (Semana, 2008). Las familias explicaron que los jóvenes desaparecieron tras recibir una oferta de trabajo por parte de un desconocido y exigieron que se abriera una investigación sobre la muerte de sus hijos y hermanos (El Espectador, 2008; Pachón, 2009; Londoño Carvajal, 2011). Esta situación se convirtió rápidamente en un caso de interés nacional, ya que los reclamos de las madres y familiares apuntaban a un caso de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército. En medio de acusaciones hechas por el ex presidente Uribe, en las que tildaba a las madres de ser incapaces de reconocer que sus hijos eran insurgentes y bandidos, ellas persistieron y exigieron una investigación (El Espectador, 2008). El 23 de septiembre, el entonces Ministro de Defensa y más tarde presidente, Juan Manuel Santos, instó a la Fiscalía General de la Nación a adelantar investigaciones para aclarar las denuncias interpuestas por las madres de los once jóvenes. Este llamado lo apoyó la entonces Secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, quien indicó que podría tratarse de «una desaparición forzada con fines de homicidio» (El Espectador, 2008). López encontraba inconsistente que los jóvenes fueran convertidos en combatientes el día después de ser reclutados, sin haber pasado por ningún tipo de entrenamiento previo (El Nuevo Siglo, 2012). Tres días después del comunicado ministerial, el número de cuerpos reportados aumentó a 23 y, con el paso de tiempo, ese número siguió creciendo. Poco después se hizo público que casos similares habían sido reportados a lo largo del país desde años anteriores (El Nuevo Siglo, 2012). Este caso se conoce popularmente como el de los «falsos positivos». Su nombre correcto es, de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario, homicidio en persona protegida (Estatuto de Roma, 1998), lo que significa ejecución extrajudicial. El nombre —«falso positivo»— viene del lenguaje militar, donde dar de baja a un enemigo (en este caso un guerrillero) en combate es un positivo, mientras que asesinar a alguien que no está alzado en armas ni se encuentra en una situación de combate es un «falso positivo» (Cárdenas y Villa, 2013). La Fiscalía General de la Nación ha reportado que entre 1988 y 2014 hubo más de 2.200 víctimas de este delito (JEP, 2020), y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación preliminar a Colombia desde 2004 sobre estos casos, debido a que son delitos de lesa humanidad (Rodeemos el Diálogo, 2020)3. Lamentablemente, esta práctica no es reciente ni aislada en el contexto colombiano (Cárdenas y Villa, 2013) y aún continúa ocurriendo (El Espectador, 2018).

Sin embargo, desde la puesta en marcha de la Política y Defensa de la Seguridad Democrática en el año 2003 por el ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), hubo un incremento en los casos de «falsos positivos» (JEP, 2020). Un eje central de ese gobierno fue la promesa de la lucha contra la insurgencia, que el gobierno llamó terrorista, y por lo tanto una amenaza directa y constante a la democracia y a la seguridad del país (Ministerio de Defensa, 2003). Como señala Londoño Carvajal (2011), esta política responde a un ambiente global de paranoia terrorista a la que los Estados responden declarando, buscando y detectando como enemigos a sus propios ciudadanos. Así se crea un enemigo omnipresente, escurridizo, e ilimitadamente poderoso. Un enemigo que puede ser cualquiera. La Política de Seguridad Democrática fue bienvenida y apoyada por varios sectores de la población, sobre todo las élites económicas y políticas interesadas en fortalecer el poder militar, dando así preponderancia a la coerción por parte del Estado (Borbón Torres, 2019), aunque también hubo críticas por el incremento de las violaciones de los Derechos Humanos sucedidas durante el gobierno de Uribe (ibídem). La Política de Seguridad Democrática fue una maquinaria de guerra, y el caso de los «falsos positivos» constituyó una estrategia para aparentar que se estaba ganado esa guerra contra la insurgencia. Es decir, para poder demostrar que se estaba ganando y para justificar las limitaciones en los derechos civiles, era necesario mostrar cifras de bajas guerrilleras que hicieran tangible ese discurso de victoria (Olarte-Sierra y Castro Bermúdez, 2019). Atehourtúa Cruz y Rojas Rivera (2009: 63) señalan que las estadísticas presentadas por el Ministerio de Defensa Nacional fue la manera que gubernamentalmente se utilizó para medir la eficacia de la Política de Seguridad Democrática. Durante 2007 y 2008 las cifras hablaban de un éxito incuestionable de control de los grupos armados ilegales. De igual manera, el gobierno creó una política de estímulos para aumentar el compromiso de las Fuerzas Militares en la lucha anti-insurgente. En esta política, conocida como la Directiva Ministerial número 29 de 2005, se ofrecían prebendas, días vacacionales, dinero, ascensos, entre otros beneficios, a aquellos miembros del ejército que presentaran desde munición e información hasta cuerpos de guerrilleros.

Así, miembros del ejército «con la finalidad de “inflar” las cifras de las estadísticas de bajas ocasionadas a la guerrilla, como gestos simbólicos de que la guerra [contra el terrorismo] se estaba ganando» (Londoño Carvajal, 2011: 124), asesinaron a civiles y los presentaron como guerrilleros. Es importante señalar, como lo hace Salamanca (2014), que el fenómeno de los falsos positivos no responde únicamente a incentivos económicos y laborales. Las presiones presidenciales por demostrar cifras que justificaran la violación de varios derechos (Atehourtúa Cruz y Rojas Rivera, 2009) y las limitaciones de libertades civiles (Londoño Carvajal, 2011) en nombre de la lucha contra el terrorismo eran sumamente altas.

Esta arremetida del Estado en contra de sus propios ciudadanos no fue contra todos o contra cualquier tipo de ciudadanos. No, se trató de personas ya vulneradas por el Estado (Londoño Carvajal, 2011; Salamanca, 2014), cuyas vidas se asumieron como menos valiosas. Jóvenes de perfiles socio-económicos bajos, de zonas periféricas y marginadas, en algunos casos con discapacidades, en otros sin empleo, a veces habitantes de calle o dependientes de alcohol y drogas, fue a quienes engañaron con la promesa de trabajos en ciudades distintas a las que vivían (Pachón, 2009). A ellos los desaparecieron, los mataron y posteriormente escenificaron combates para presentarlos como bajas guerrilleras en combate (Londoño Carvajal, 2011; Salamanca, 2014). Así se constituyó un tipo particular de víctima del conflicto armado colombiano, donde ciudadanos irrelevantes en su identidad de no-guerrillero servían al propósito de engañar a la opinión pública y a la sociedad, con una presunta victoria de la guerra contra la insurgencia. Tan profunda era la vulneración de los derechos y el abandono de estos ciudadanos que los responsables de su muerte asumieron que los jóvenes eran tan invisibles para sus familias como lo eran para el estado. Estas se movilizaron consecuentemente para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido y la restitución de la identidad no-guerrillera de sus hijos y hermanos (ver por ejemplo Aranguren Romero et al., 2021).

Ha sido un gran esfuerzo identificar a los cuerpos de estos jóvenes desaparecidos. Un esfuerzo que ha combinado el trabajo de actores civiles, incluidos los medios de comunicación, organizaciones de víctimas, organizaciones no gubernamentales, además de las madres y familiares de los desaparecidos, así como el de peritos forenses e investigadores de la FGN. Es combinado no porque las fuerzas civiles e institucionales hayan trabajado juntas sino debido a que gracias a la presión sobre las autoridades se convirtió en un caso prioritario. Así el trabajo de los peritos forenses que establecieron la irregularidad de las muertes de los jóvenes, junto con el trabajo de las familias, los medios de comunicación y los fiscales que ordenaron la captura de los militares involucrados hicieron posible que estos jóvenes dejaran de ser llamados guerrilleros. Es decir, fue posible deshacer el movimiento de convertir a estos jóvenes en enemigos de la democracia y así hacerlos reingresar a la sociedad general con una nueva identidad: víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el largo y complejo conflicto armado colombiano.

3. Redes y conocimientos forenses

Como mencionamos anteriormente, partimos de que el conocimiento forense, como cualquier otro tipo de conocimiento, no descubre el mundo «tal y como es» sino que participa en su producción (Jasanoff, 2006). Es decir, el conocimiento (científico y de otro tipo) es performativo; da forma y da formato al mundo, haciendo que quienes lo producen sean responsables del mundo que ayudan a producir (Jasanoff, 2006; Mol, 2012; Law, 2008 y 2015). Además, el conocimiento es situado (Haraway, 1988), producido por personas en contextos socio-políticos, económicos e históricos particulares. Por ello, aunque la producción de conocimiento sea rigurosa, este no es neutral ni inocente, sino inherentemente política. Así, el conocimiento forense, aún con su poder autoritativo, se produce en contextos socioculturales y políticos específicos y tiene la característica de movilizar ideas particulares sobre la vida, la muerte y los cuerpos tanto de las víctimas y de los perpetradores, como sobre la violencia misma (Olarte-Sierra y Castro Bermúdez, 2019). Por ello, el conocimiento forense tiene efectos en los ámbitos político y legal, así como en los sociales y éticos.

En sociedades marcadas por la violencia, el conocimiento producido por expertos forenses es relevante en contextos judiciales y humanitarios, así como en ejercicios de memoria. En escenarios judiciales, estos expertos presentan elementos que ayudan a quienes deben tomar decisiones sobre los hechos en casos específicos —i.e. los jueces y fiscales (Rosenblatt, 2015)—. En situaciones humanitarias también se encargan de la tarea de exhumar e identificar los restos para que puedan ser regresados a sus familiares (Huffschmid, 2015; Rosenblatt, 2015), entendiendo que tal práctica de recuperación y entrega se considera una forma de mitigar el sufrimiento y dignificar la muerte. Asimismo, en espacios civiles o institucionales, los especialistas forenses actúan como testigos de violencia que pueden dar testimonio y ayudar a producir protocolos para tratar con las víctimas (Cordner y Tidball-Binz, 2017; Toom, 2018). Independientemente de si se trata de contextos judiciales o humanitarios, es importante resaltar que el conocimiento producido por los expertos forenses se considera y se trata como evidencia por su carácter científico, lo que le da autoridad y legitimidad (Olarte-Sierra et al., 2014; Huffschmid, 2015; Rosenblatt, 2015). Es justamente por ese carácter, de evidencia científica, que es preciso tomar en cuenta los efectos que tiene el conocimiento forense sobre la creación de mundo, en nuestro caso, su participación en la producción de quienes se pueden oficialmente considerar como víctimas y perpetradores del crimen de ejecuciones extrajudiciales. Como mencionamos antes, víctima y perpetrador —al igual que cualquier otra categoría— son producto de relaciones socio-materiales y, en este caso, burocráticas que las hacen y las deshacen. En este sentido, es posible decir que las prácticas de investigación e identificación forense forman parte de esas relaciones y por medio del conocimiento que producen participan en la formulación de quiénes son víctimas oficiales (y de quiénes no) y de quiénes son perpetradores (y de quiénes no). Si bien este es un argumento que se ha utilizado anteriormente para señalar la naturaleza política de los argumentos forenses (Moon, 2013; Huffschmid, 2015; Collins, 2016; Garibian, Anstett y Dreyfus, 2017), acá buscamos mostrar cómo ocurre esto en la práctica y así indicar algunos de sus efectos más allá de las cortes de justicia y de los laboratorios de identificación forense.

4. Movimientos forenses. O establecer lo que no concuerda

El caso de los «falsos positivos» es elocuente, pues la investigación e identificación forense de los cuerpos de los jóvenes presentados como guerrilleros ofreció a jueces y fiscales un conocimiento relevante para que pudieran recuperar su identidad de no-guerrilleros, a la vez que adquirieron (ellos y sus familiares) la identidad de víctimas del conflicto armado —que les permite acceder a los beneficios de la ley de víctimas—. En este mismo movimiento de producción de conocimiento forense en relación con acciones burocráticas y judiciales, aquellos que fueron considerados héroes de la patria que «dominaban al enemigo» mutaron a perpetradores de crímenes contra la sociedad civil y la población inerme. En esta sección abordaremos cómo la práctica forense de investigación e identificación participa en el hacer de estas relaciones, movimientos y cambios que producen estas categorías.

Antes, sin embargo, es necesario abordar la burocracia que siguen los cuerpos de quienes «mueren en combate». Desde su práctica como antropólogo forense de la Fiscalía General de la Nación, Jaime Castro Bermúdez, co-autor de este trabajo, explica:

La ley indica que cuando el ejército reporta bajas debe ir la Policía Judicial (CTI) a levantar el cadáver. Pero, muchas veces el ejército indica que no puede garantizar la seguridad a los miembros de la Fiscalía que deben desplazarse hasta el lugar [sobre todo si se encuentran en zonas con un enfrentamiento activo con actores armados], entonces, llevan los cuerpos a instalaciones militares como, por ejemplo, batallones y allí se hace la inspección del cadáver. Como se trata de operaciones militares, los jueces penales militares asisten como autoridad y cierran los casos como muertes en combate. Si el CTI va, hace el informe y entrega el cuerpo a Medicina Legal4 que debe hacer la necropsia (…) Pero, por su lado, Medicina Legal no tiene médicos en todos los municipios, entonces a veces las necropsias las hacen médicos del sistema de salud de esos municipios y los cuerpos son enterrados en cementerios y registrados como muertos en combate (Conversación entre autores. Noviembre, 2020).

Es ahora que estos cuerpos, que han sido registrados como «bajas en combate», entran al espacio de investigación forense (y judicial) que presentamos acá, cuando las familias han reportado la desaparición de uno de sus miembros y en las búsquedas encuentran el cuerpo de su familiar relacionado con un combate contra la guerrilla. A raíz de las investigaciones de 2008, donde se identificaron múltiples incongruencias como las que vamos a abordar, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación trazó mecanismos de investigación para estos casos particulares y con las denuncias de los familiares se comenzaron a revisar los combates en los que hubieran podido haber ejecuciones extrajudiciales. En este ejercicio se determinaron inicialmente más de 2.200 casos y las organizaciones defensoras de derechos humanos se refieren incluso a más de 5.000 (Palau, 2020). Sin embargo, en febrero de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz5, que abrió la investigación del caso de ejecuciones extrajudiciales en 2017, determinó que al menos 6.402 personas han sido víctimas de este delito (JEP, 2021).

4.1. De guerrilleros a víctimas «falso positivo»

Aunque hoy en día es claro de qué se trataron estos crímenes, en 2008, cuando las madres de varios de los jóvenes desaparecidos exigieron investigaciones para aclarar por qué sus hijos habían aparecido muertos y presentados como guerrilleros, no era evidente lo que estaba pasando. Como mencionamos antes, fue por orden del ministro de defensa que la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la investigación para poder determinar si en efecto se trataba de ejecuciones extrajudiciales. En este contexto, investigar e identificar desde lo forense supone poder dar sentido no solo a los cuerpos de los jóvenes sino también a las declaraciones de testigos, actores y familiares, así como establecer las relaciones entre los cuerpos y las circunstancias de la muerte. Es decir, se trata de poder recuperar la historia y que una posible identificación judicial sea compatible con una historia social; que nombre e historia tengan sentido juntas en tanto identificar no se trata solo de ponerle un nombre a los restos, sino dotar de historia al cuerpo identificado. De manera que, para poder decidir si se es o no víctima de un caso de «falso positivo», no basta con precisar una identificación (dar un nombre), sino que, además, se debe determinar la no pertenencia a un grupo guerrillero. Para ello, la práctica forense de la investigación e identificación se centró, como señala Daniel, en «establecer lo que es mentira, y no lo que es verdad» en las declaraciones de los miembros de las Fuerzas Militares y en los reportes de necropsia de los cuerpos presentados como guerrilleros. Es decir, «se trata de poder encontrar dónde está la falla en las declaraciones, qué no concuerda en el cuerpo, en la escena o en el enterramiento, dónde se contradicen los hechos» (Conversación #1 con Daniel, experto forense. Septiembre, 2018). De manera similar Jaime Castro Bermúdez explica:

En las investigaciones de falsos positivos, teníamos que poder demostrar que el testimonio era falso. Es decir, que la escena era hecha y que el estado del cuerpo no coincidía con lo que decían los militares que había sucedido. (…) Ahí, por ejemplo, nos dábamos cuenta de que la falta de evidencia es evidencia, si algo de lo que ellos decían no se podía comprobar eso era evidencia (Conversación entre autores. Noviembre, 2018).

La práctica de investigación forense no incluye únicamente al cuerpo que se va a identificar. También necesita conocer la historia del sujeto, de las condiciones de su muerte y los posibles actores que participaron en ella. En esta sección abordamos tres escenarios en los que se buscan detalles en las muertes y en los cuerpos que no concuerdan o que contradicen a los reportes militares. Así, hacemos evidente cómo las prácticas de investigación e identificación forenses contribuyen a que emerjan las víctimas de «falsos positivos». Estos tres escenarios son el cuerpo muerto, las declaraciones de los militares implicados en la muerte y la historia de vida de la persona que se reclama como un guerrillero muerto en combate.

Con respecto al cuerpo, este es, sin duda, una de las materialidades donde quedaron inscritas evidencias de la falsedad de la supuesta muerte en combate y, por tanto, el trabajo forense sobre él contribuyó en la producción de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Hoy es sabido que los combates escenificados contenían numerosos errores. Por ejemplo, los cuerpos tenían las botas puestas al revés (el pie izquierdo con la bota derecha y viceversa), los uniformes que llevaban vestidos estaban nuevos, sin marcar y eran demasiado grandes o demasiado chicos para quienes los usaban, y en muchos casos les ponían armamento que o bien era inservible o era parte de una investigación en curso y estaba registrado como incautado por la policía o el ejército (Pachón, 2009; Semana, 2010; Salamanca, 2014; Londoño Carvajal, 2011). Pero más allá de esos errores, estos cuerpos, al haber sido vestidos para una escena, su indumentaria carecía de intimidad y de cotidianidad, de vida. No correspondía con rasgos encontrados en otros cuerpos de guerrilleros muertos en combate. O, como diría Aranguren Romero (2006), sus cuerpos no contaban con las inscripciones que la guerra deja en los cuerpos de los combatientes. Daniel señala:

Eran cuerpos que no tenían nada propio. Uno encuentra cuerpos de guerrilleros, y también de paramilitares, que tienen la ropa marcada —bordada con su nombre—, que cargan en el uniforme con su cuchara y tenedor. Que incluso tienen fotos o los medicamentos que toman. En los cuerpos de falsos positivos no hay nada de eso, es ropa que a veces está nueva, no hay ninguna señal de que esa persona tuvo una vida antes de ese momento de la muerte (Conversación #2 con Daniel, experto forense. Septiembre, 2018).

Así, a través de esa interpretación forense de que «no tuvo una vida antes de ese momento» se ofrecen elementos que contribuyen a producir la categoría de «falso positivo», en la medida en la que permite historizar el evento del supuesto combate como un momento cero en la vida de esos individuos, que irrumpe en la narrativa y participa en deshacer la categoría de guerrillero (muerto en combate). Por otra parte, estos cuerpos no guardan rastros de una muerte en combate, sino de una muerte por ejecución. Un elemento más que contribuye a desmontar la escena del combate y el guerrillero, como lo explica Arturo:

Las necropsias de estos cuerpos suelen ser muy pobres, hechas por médicos no entrenados que escribían lo que les decían. (…) Si el ejército reportaba que había sido una muerte por fusil, ellos registraban eso. Pero un fusil destruye mucho, deja lesiones muy graves, comparables a lesiones por artefacto explosivo. En estos cuerpos se evidencian lesiones por la espalda, tiros de gracia y no las lesiones que reportan las necropsias (Conversación #2 con Arturo, experto forense. Septiembre, 2018).

Por otro lado, las declaraciones de los implicados en la muerte que se reclama como en combate, son otro elemento central en la emergencia de un «falso positivo». En este caso, las de los militares que dieron de baja a los supuestos guerrilleros y escenificaron los combates. Sobre esto, Jaime Castro Bermúdez explica:

Cuando los soldados y los militares implicados decían lo mismo, sabíamos que no era verdad. Porque nunca nadie ve lo mismo y de la misma manera. Todos reportaban lo mismo, no hablan de los diferentes ángulos de donde vieron u oyeron lo que pasó. Así sabíamos que era ensayado, que eso era parte del montaje (Conversación entre autores. Noviembre, 2018).

Las declaraciones son así parte de la escenificación de los militares que participaron, facilitaron o encubrieron las ejecuciones extrajudiciales. Como tales, son centrales en tanto que son parte de lo que permitió en algún momento hacer pasar a los jóvenes como guerrilleros. No se trata de un elemento menor, sino de una pieza fundamental en el andamiaje de la construcción inicial de esos «guerrilleros muertos en combate». Así, poder establecer a través de la investigación forense incongruencias o falsedades en las afirmaciones realizadas por los militares responsables de los actos contribuyó a desmantelar esa categoría y aportar a la producción de víctima «falso positivo».

Finalmente, una característica común que tienen estos casos, y que es posible recuperar a través de la investigación forense, es que todos están acompañados de denuncias de desaparición. Se trataba de personas a quienes las estaban buscando sus familiares. Por ello, al aparecer presentados como guerrilleros, las familias no aceptaron esa explicación, de manera que las historias de vida de las personas dadas por desaparecidas eran otro lugar para buscar discrepancias y así contribuir a establecer que no se trataba de un guerrillero muerto en combate. Para ese fin, fue necesario ahondar en la vida de las personas a través de sus familiares y conocidos. Arturo explica:

Se llevaban a personas indefensas (…), jóvenes consumidores, o desempleados, indigentes y personas con discapacidades. Cuando uno hablaba con la familia, ellos mismos decían que esa persona no se podía valer por sí sola, que no era posible que hubiera conseguido un trabajo y menos que fuera guerrillero (Conversación #2 con Arturo, experto forense. Septiembre, 2018).

De esta manera, el cuerpo, las declaraciones de los implicados y la historia de vida de quien murió son elementos que a través de la investigación e identificación forense posibilitan la emergencia de la categoría de víctima de «falso positivo». El caso de Alejandro, que presentamos a continuación, sintetiza las tres instancias mencionadas de forma elocuente:

Recuerdo muy bien el caso de un joven panadero. Había sido reportado como desaparecido y luego apareció muerto en combate. Yo vi las fotos del caso y había errores en la escena, en el cuerpo. Tenía un arma en la mano derecha. Yo había hablado ya con la familia. La hermana me había dicho que él no era guerrillero, que él era panadero. Me contó que de niño había sufrido un accidente, que su brazo derecho no le servía. Al examinar el cuerpo ahí estaba la diferencia en el tono muscular y en el desarrollo del brazo derecho en comparación con el izquierdo. Él no podía haber disparado con esa mano, ese brazo no tenía tono muscular y no podía sostener el arma que le habían puesto (Conversación entre autores. Noviembre, 2017).

Siguiendo a Moon (2013), la identificación es una práctica más compleja que no solo implica dar nombre a un cuerpo. En la cita anterior confluyen los tres escenarios presentados hasta ahora, que contribuyen, desde la práctica forense, a desmarcar un cuerpo como guerrillero y a que emerja una víctima de un caso de «falso positivo»: el cuerpo, el testimonio (que asumimos como baja guerrillera) y la historia de vida. Los tres escenarios han de tener sentido juntos, de manera que cuando no concuerdan los elementos movilizados por los militares para escenificar la muerte como una que se dio en un combate, la investigación forense produce conocimiento que facilita que estas personas dejen de ser consideradas guerrilleros muertos en enfrentamientos con el ejército y encarnen (aun después de muertas) la categoría de víctima de «falso positivo». De esta manera, en casos de falsos positivos, la práctica forense implica la búsqueda activa de incongruencias.

4.2. De héroes a perpetradores

De igual manera, y de forma simultánea, la práctica forense que contribuye a considerar a una persona como víctima de ejecuciones extrajudiciales, y así desmarcarla de la categoría de guerrillero muerto en combate, participa también en prácticas que posibilitan constituir como perpetradores a quienes hasta entonces eran considerados «héroes». Esa emergencia de los perpetradores como categoría fue, también, un ejercicio por establecer lo que no concordaba tanto en las escenas como en las narraciones de los hechos y en las dinámicas de violencia reportadas por los militares. A continuación, presentaremos tres escenarios de «lo que no concuerda» en la historia de los militares y que permite producirlos como perpetradores desde la práctica forense. Se trata de las cifras de bajas guerrilleras en combate, de las zonas en las que ocurrieron los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla, y de algunos casos en que los supuestos guerrilleros eran personas conocidas por miembros de los equipos locales de identificación forense.

Con respecto a las cifras, el número elevado de muertes que presentaban algunos batallones fue un elemento llamativo durante la investigación forense. Si bien se sabía que el gobierno había dispuesto recursos y personal en la lucha contra el terrorismo, los niveles de efectividad levantaban sospechas. Daniel explica:

Había batallones que reportaban hasta 20 y 30 bajas guerrilleras en combate, y ningún soldado herido. Eso es raro. Y cada vez aparecían más cuerpos y los presentaban en la televisión como trofeos de guerra: hileras de cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Pero, esa cantidad de cuerpos era muy alta, no era normal. (Conversación #3 con Daniel, experto forense. Septiembre, 2018).

Como señala Daniel, no solo el número de bajas, sino el hecho de que no resultaran soldados heridos eran elementos que ponían en duda la veracidad del combate. Por otra parte, para dar sentido a los altos números de cuerpos era necesario reconstruir de dónde venían las personas que eran señaladas como guerrilleras. A este respecto Arturo comenta:

Muchas veces nadie conocía a esas personas en los pueblos en los que aparecían y cuando se hacía la investigación encontrábamos que venían de lugares lejanos, que habían sido reportados como desaparecidos lejos de ahí (Conversación #2 con Arturo, experto forense. Septiembre, 2018).

En este sentido, la investigación forense participa en la producción de la categoría de perpetrador al movilizar elementos como la improbabilidad de que no resultaran soldados heridos en combates que reportaban decenas de muertos, así como que los cuerpos que se registraban como guerrilleros eran personas desconocidas en las zonas en las que aparecían. Se trata, pues, de elementos que se resaltan y visibilizan para presentar un escenario que no corresponde con la versión militar del combate y que, por lo tanto, ayudan a sustentar el argumento de que estos muertos no eran bajas guerrilleras, como sus familias lo habían señalado desde el principio.

Así como las cifras inverosímiles y la falta de heridas en soldados enfrentados en combates, los lugares que se reportaban como centros de combate fueron fuente se sospecha y subsecuente investigación forense y judicial. Se trataba de lugares que no habían sido zonas con reporte de conflicto reciente. Jaime Castro Bermúdez señala:

Por el 2005, nos llamaron para hacer unas diligencias en Putumayo y Caquetá. Habían reportado enfrentamientos hacía unos días y varias bajas guerrilleras, pero también había unas denuncias de desaparición de unas personas. El Fiscal con el que fuimos nos dijo «debemos estar muy atentos, ¿cómo así que por acá hay tanto guerrillero muerto?» Así pasó en zonas que no habían tenido reporte de enfrentamientos y de pronto aparecían un montón de guerrilleros muertos en combate (Conversación entre autores. Noviembre, 2018).

Los combates y enfrentamientos con la guerrilla no ocurren en el vacío, de repente, ni son fruto de la casualidad, menos en un conflicto armado de larga duración como es el colombiano. Las personas que por su trabajo conocen las dinámicas del conflicto, en este caso peritos forenses y fiscales, saben de las zonas en las que habita la violencia y las formas específicas en las que se materializa (Olarte-Sierra y Castro Bermúdez, 2019). Entonces, muertes ocurridas en zonas que no corresponden con zonas de presencia guerrillera y enfrentamiento militar son motivo para dudar de que, en efecto, ocurrieron dichos combates y sospechar que esas muertes registradas sucedieron de formas y en lugares diferentes a los reportados.

Finalmente, otro escenario importante para que emerjan los perpetradores es que las ejecuciones fueron de personas (re)conocidas por sus familias y sus vecinos de barrio y que además, como hemos dicho ya, tenían denuncias de desaparición. Sobre esto, Jaime Castro Bermúdez comenta:

En las investigaciones hablábamos con la familia, los vecinos, la gente que conocía a la persona. Les preguntábamos por quiénes eran ellos [antes de morir]. Había casos en los que era fácil de establecer [que eran falsos positivos], como por ejemplo si la persona tenía alguna discapacidad física que le impedía sostener un arma, o si tenía discapacidad mental. En esos casos era fácil saber que estos muchachos no eran guerrilleros (Conversación entre autores. Noviembre, 2018).

La recuperación de sus historias produjo información que posibilitó señalar a los militares implicados como responsables de estos crímenes. Y ser conocido por el barrio y la comunidad, implicaba también, en ocasiones (y sobre todo en municipios pequeños), ser (re)conocido por miembros del equipo forense. Este ser (re)conocido facilitó establecer la posibilidad de una ejecución extra judicial de forma rápida una vez hallado e identificado el cuerpo. Es el caso de Argemiro, un joven a quien su madre reportó como desaparecido y que Margarita identificó:

Argemiro era un muchacho de 15 años, con un problema mental. Se la pasaba en Río Negro, Santander, cerca de los soldados. La gente lo conocía y lo llamaba por su apellido, Montero6. Él entraba a la base y les embolaba y limpiaba los zapatos, hacía recados. Un día su mamá dejó de verlo y lo reportó [como desaparecido]. Luego él aparece (…) muerto, con uniforme y un arma. Los militares [de la base] lo hicieron pasar como guerrillero y lo reportaron como una baja. Yo lo identifiqué en el cementerio, pero yo lo conocía y conocía a su mamá y todos sabíamos que Argemiro no era guerrillero (Conversación #2 con Margarita, experta forense. Septiembre, 2018).

Los casos expuestos en esta sección evidencian cómo las prácticas de investigación e identificación forense contribuyen con elementos que participan en la producción de unos perpetradores que pasaron de ser héroes de guerra contra el terrorismo a violadores de Derechos Humanos. En este sentido, los militares condenados por estos crímenes son un efecto de una investigación que privilegió la búsqueda de lo que no concordaba y no la comprobación de lo que los implicados en sus muertes declararon. Esta decisión, que no es azarosa, participó en la producción de un tipo específico de perpetradores y, como señalamos en la sección anterior, un tipo específico de víctimas.

5. Consideraciones finales

Las labores de investigación y subsecuente intento de identificación forense, en el contexto judicial, brindan elementos a jueces y fiscales para tomar decisiones sobre casos específicos. El conocimiento forense produce elementos que forman parte de una red de relaciones sobre las cuales se sostienen las categorías de víctima y perpetrador. Ninguna preexiste a las relaciones que las sostienen. En este documento abordamos cómo la práctica forense participa en la producción de estas dos categorías. Y decimos participa, porque por sí solo el conocimiento forense no puede definir si alguien es o no víctima o perpetrador. Esa decisión está fuera de su jurisdicción, pero el conocimiento que producen los forenses es utilizado para otorgarle (o no) la condición de víctima o perpetrador a una persona.

Hemos presentado cómo, en el caso de los mal llamados «falsos positivos», las labores de investigación e identificación forense se enfocaron directamente en determinar lo que no concordaba con los cuerpos, las historias, las declaraciones y con las escenas de enfrentamiento o de enterramiento. Mostramos cómo, en el marco de estas investigaciones, el enfoque se puso en una búsqueda activa por encontrar aquello que suponía un error o una falsedad. Esto supuso un tipo particular de investigación que sirvió de base para facilitar que emergieran unas víctimas en las que se materializaban las incongruencias de las declaraciones de quienes los asesinaron. Sus cuerpos se convirtieron en evidencia de los abusos del ejército, así como de enfrentamientos que no ocurrieron. Y las historias de sus vidas antes de desaparecer y morir visibilizaron una industria de guerra sucia que engañaba a jóvenes para hacerlos pasar por bajas guerrilleras, en una supuesta lucha (y victoria) contra el terrorismo.

En cuanto a nuestro interés acerca de los efectos del conocimiento forense en ámbitos que van más allá de las cortes y los laboratorios de identificación, podemos decir que, en este caso, contribuyó al reconocimiento social de este tipo de víctimas, a la vez que los perpetradores y la lógica en la que se produjeron las muertes fueron visibilizadas, lo que alimentó la deslegitimación de las acciones militares y la Política de Seguridad Democrática en amplios sectores de la población (Salamanca, 2014; Londoño Carvajal, 2011).

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1 Parte de este proyecto ha recibido financiación del fondo de Horizonte 2020 programa de investigación e innovación de la Unión Europea con una beca Marie Sklodowska-Curie No 898537.

2 No todas las personas que sufren actos de violencia son automáticamente consideradas por el Estado como víctimas. Para ser reconocidas como tal es necesario sortear un proceso burocrático (Mora-Gámez, 2016). Como señala Krystalli, en Colombia ser víctima «es una condición que siempre está modificada por un adjetivo que contiene, refleja y crea jerarquías que simultáneamente crea y fractura los límites de la solidaridad y da forma a las maneras de reclamar victimismo» (2019: 5).

3 Dada la sistematicidad de este fenómeno y la transversalidad a lo largo del conflicto armado colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, organismo de justicia transicional producto del acuerdo firmado con el antiguo grupo guerrillero FARC-EP y el gobierno nacional en 2016) ha abierto un expediente para resolver estos casos.

4 El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es un instituto independiente adscrito a la Fiscalía General de la Nación que, entre otros servicios, asiste en labores forenses como el levantamiento de cadáveres, las necropsias (en algunos casos específicos, cuando la Fiscalía lo solicita), la búsqueda de personas desaparecidas y la exhumación de cadáveres.

5 La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una de las tres entidades estatales que surgieron para apoyar la implementación del acuerdo de paz firmado entre el antiguo grupo guerrillero FARC-EP y el gobierno colombiano en 2016. La JEP es la encargada de administrar de justicia transicional.

6 El nombre y apellido son pseudónimos. Asimismo, la ubicación ha sido cambiada.