Presencia (in)migrante,
identidad nacional y democracia sexual
en Europa

Immigrant Presence, National Identity and Sexual Democracy
in Europe

Sandra Gil Araujo*

CONICET y Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Palabras clave

Migraciones internacionales Familias migrantes Identidad nacional Políticas de integración Democracia sexual

Resumen: Este artículo indaga en las imbricaciones entre la cuestión migratoria y la identidad nacional, prestando especial atención al modo en que la dimensión familiar de las migraciones internacionales es problematizada bajo el paradigma de la integración. En la introducción se puntualizan unas preguntas que actuaran como guía ordenadora de los argumentos que organizan el texto. A continuación, retomo el legado de Abdelmalek Sayad para explicitar los puntos de partida de mis argumentaciones: las vinculaciones intrínsecas entre orden migratorio y orden nacional y la consiguiente ilegitimidad y provisionalidad de la presencia (in)migrante y sus familias. En los apartados siguientes muestro las relaciones entre la paulatina politización de la vida familiar de las poblaciones migrantes en el contexto europeo; los idearios de género, raza, clase y sexualidad que componen lo que Eric Fassin denomina el imperialismo de la democracia sexual y las cambiantes sustancias de las identidades nacionales.

Keywords

International migration Migrant families National identity Integration policies Sexual democracy

Abstract: This article investigates the imbrications between migration and national identity, paying special attention to the way in which the family dimension of international migration is problematized under the integration paradigm. In the introduction, some questions are pointed out that will act as an ordering guide for the arguments that organize the text. Subsequently, I return to Abdelmalek Sayad’s legacy to explain the starting points of my arguments: the intrinsic links between migration order and national order, and the consequent illegitimacy and provisionality of the immigrant presence. In the following sections I show the connections between the gradual politicization of migrant’s family life in the European context; the gender, race, class and sexual politics that form what Eric Fassin calls the imperialism of sexual democracy and the changing substances of national identities.

* Correspondencia a / Correspondence to: Sandra Gil Araujo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET). Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. Presidente J. E. Uriburu 950-6to piso (C1114AAD-CABA - Argentina) – sandragilaraujo@yahoo.es – http://orcid.org/0000-0002-3816-7928.

Cómo citar / How to cite: Gil Araujo, Sandra (2022). «Presencia (in)migrante, identidad nacional y democracia sexual en Europa». Papeles del CEIC, vol. 2022/1, heredada 6, -10. (http://doi.org/10.1387/pceic.23407).

Fecha de recepción: enero, 2022 / Fecha aceptación: febrero, 2022.

ISSN 1695-6494 / © 2022 UPV/EHU

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1. Introducción

«La exministra de Integración e Inmigración danesa, la liberal Inger Støjberg, ha sido condenada este lunes a dos meses de prisión incondicional por ordenar la separación ilegal de parejas de refugiados. Støjberg decidió en 2016 que se aplicara una regla, sin posibilidad de excepciones, por la que todas las parejas de solicitantes de asilo en las que uno fuese menor de edad debían ser separadas y alojadas en lugares distintos. La mayoría del tribunal especial que ha juzgado el caso (25 de 26 jueces, la mitad del Supremo) consideró probado que Støjberg, a través de un comunicado de prensa, impuso al menos durante un mes, de febrero a marzo de 2016, una práctica que viola la Convención Europea de Derechos Humanos y las leyes danesas. La medida afectó a 23 parejas, la mayoría compuestas por personas de edades similares, aunque Støjberg había denunciado en su día que había muchas formadas por niñas y hombres mayores. “Acepto la pena, pero lo hago sin agachar la cabeza. Estoy muy sorprendida. Hoy han perdido los valores daneses”, ha dicho tras conocer la sentencia (…) Støjberg fue la cara visible de la línea dura en inmigración del Gobierno de derecha (2015-2019), lo que la convirtió en figura muy controvertida y popular en Dinamarca, con polémicas leyes como la de confiscar bienes a los solicitantes de asilo y sus ataques a los inmigrantes en redes sociales.»1

Esta información publicada el 13 de diciembre de 2021 por el periódico español El País da cuenta del modo en que desde el Estado danés se presentó el accionar de una funcionaria de gobierno como delito individual, sin revisar el contexto que hizo a esa iniciativa posible de ser pensada y activada. Todo quedó reducido a la extralimitación de la ex-ministra Støjberg en el ejercicio de sus funciones, que viola las leyes danesas y la normativa europea sobre derechos humanos, pero en realidad, como muestro en este texto, su accionar se alinea con la filosofía pública de integración labrada en Dinamarca, y en otros países europeos, desde hace tres décadas (Gil Araujo, 2010a y 2010b).

Ahora bien, esta interpretación de la intervención del Estado sobre las prácticas matrimoniales de las poblaciones refugiadas como decisión y acción individual puede resultar verosímil para el sentido común. Pero en cuanto ejercitamos el pensamiento sociológico, la narrativa del delito individual de una funcionaria no convence y surgen interrogantes. En esta oportunidad me interesa puntualizar tres de otras tantas posibles preguntas que funcionarán como guía ordenadora de los argumentos que presento en este texto para mostrar las relaciones entre la problematización de la presencia inmigrante bajo el paradigma de la integración en los países europeos, las sustancias cambiantes de las identidades nacionales y lo que Fassin (2012) denomina imperialismo de la democracia sexual.

1. ¿Cómo llegó la exministra de inmigración e integración Inger Støjberg a pensar las practicas matrimoniales de las familias refugiadas como ámbito de intervención estatal?

2. ¿Por qué la edad de las personas contrayentes determina la consideración de un matrimonio como verdadero o fraudulento, y abre o cierra la posibilidad de la convivencia para los no nacionales?

3. ¿Cuándo, cómo y por qué las formas de «hacer familia» de las poblaciones migrantes y refugiadas se convirtieron en terreno de control migratorio?

Antes de avanzar en las reflexiones que propongo como posibles respuestas a estas preguntas, me interesa explicitar los supuestos de los que parten mis argumentaciones.

2. La ilegitimidad y provisionalidad intrínseca de la presencia (in)migrante

Entre los aportes más valiosos de Abdelmalek Sayad al campo de la socio-antropología de las migraciones figura el haber des-velado las relaciones entre el orden de las migraciones y el orden nacional. Como él mismo aconseja, esta vinculación debería ser punto de partida de cualquier análisis crítico sobre la cuestión migratoria, ya que es imposible hablar de uno sin toparse con el otro2. Esta imbricación entre orden migratorio y orden nacional (nos) explica que la característica más definitoria de la presencia no nacional en un mundo de estados nacionales organizados jerárquicamente sea la de su ilegitimidad. La presencia inmigrante3 es una presencia anómala, fuera de la norma legal y social, que necesita ser siempre legitimada por motivos ajenos a sí misma, que suelen ser los del trabajo. Presencia «fundamentalmente ilegítima» (Sayad, 2008: 104) en relación a las categorías de nuestro entendimiento político, que descansan sobre la distinción entre las ciudadanas y ciudadanos que pertenecen a una nación —y que gozan de privilegios específicos— y las personas extranjeras que, precisamente por eso, son excluidas de los derechos exclusivos de los nacionales. Esta ilegitimidad se extiende a sus hábitos, a sus maneras de ser y de hacer, a sus creencias, a sus valores, a sus formas de crianza y a su vida familiar. Ilegitimidad de todo lo que lo/la distingue como inmigrante. La presencia (in)migrante es una presencia que idealmente no ha de ser.

Y de esta ilegitimidad intrínseca de la presencia no nacional en el orden de la nación deriva su otra característica distintiva: la provisionalidad. En tanto no nacional, la presencia inmigrante es siempre sólo a título provisorio y en relación al trabajo, que le otorga su razón de ser, y está por ello excluida de lo político. Esa exclusión de la población migrante del ámbito de lo político es para Sayad una negación del derecho a la vida (ibídem: 105)4.

Como señalan Bourdieu y Wacquant (2004) siguiendo a Sayad, al igual que sucede con otros procesos sociales, la migración requiere del disimulo y la duplicidad social. Si bien toda presencia inmigrante se concibe como necesariamente provisional, esta provisionalidad puede prolongarse indefinidamente. Así, uno de los rasgos del hecho migratorio en los países europeos es la existencia de una presencia inmigrante duradera (o definitiva) vivida por todos (incluidos los propios migrantes5) como transitoria, y con un fuerte sentimiento de provisionalidad. El mito de la temporalidad y la provisionalidad alimenta la ilusión colectiva de una situación que a veces se admite como provisional (de derecho) «siempre y cuando esta ‘provisionalidad’ pueda durar de modo indefinido, y otras veces como definitivo (de hecho) siempre y cuando esta situación ‘definitiva’ no se enuncie nunca como tal» (Sayad, 2010b: 253). El retorno, ese imposible, es componente de esa ilusión colectiva, vinculada con la idea de provisionalidad de la ausencia emigrante y la presencia inmigrante.

Pero la emigración nunca es simple exportación de mano de obra, porque en tanto «hecho social total» altera el orden de la sociedad de origen y de destino (ibídem). En el lugar de inmigración, solo excepcionalmente los y las trabajadoras migrantes son aves de paso, pues son irremediablemente cambiadas en y por la experiencia migratoria, por la que nadie pasa indemne (Sayad, 2010b; Bourdieu y Wacquant, 2004). ¿Es posible habitar un orden social (y nacional) sin ser «performateados» por ese orden? ¿Se puede atravesar la experiencia migratoria sin que se modifiquen las formas de pensar y actuar, los comportamientos, las prácticas cotidianas, las creencias, las actitudes? La inmigración marca a veces de modo indeleble. ¿No podría pensarse la integración como una especie de sumisión inconsciente y naturalizada a un orden social (y nacional) otro?

En el contexto europeo, la provisionalidad de la presencia inmigrante ha sido (y sigue siendo) continuamente cuestionada y hasta refutada por la realidad social. Sin embargo, ninguno de los actores involucrados en la cuestión migratoria parece estar dispuesto a enfrentar este disimulo colectivo. Y justamente esta imposibilidad de prever que toda migración laboral deviene migración de poblamiento fue el punto de partida de la problematización de la presencia inmigrante bajo el paradigma integracionista (Gil Araujo, 2010a). En este marco, la vida familiar de las poblaciones migrantes fue construida como fuente de amenazas a la identidad nacional y se convirtió así en objeto y herramienta de selección, restricción y control migratorio.

Antes de pasar al siguiente apartado considero oportuno explicitar que esa relación intrínseca entre orden nacional y orden migratorio pre-figura el vínculo entre las narrativas en torno a la integración de inmigrantes y los contenidos de la identidad nacional del país de inmigración. El discurso sobre la integración es siempre un discurso sobre la identidad, propia o ajena, y es en última instancia un discurso «sobre las relaciones de fuerza desiguales en las que están implicadas esas identidades, (…) no es un discurso de verdad sino un discurso hecho para producir efectos de verdad» (Sayad, 2010a: 304). En otras palabras: ¿cuáles son los atributos necesarios para ser parte del nosotros? En los países europeos ­—y también en la Unión Europea—, los inmigrantes se han configurado en unos otros negativos contra cuya alteridad se construye y refuerza la identidad de los insider: el cemento negativo de Europa (Fassin, 2010: 515). Recientes ejemplos del avance y radicalización de estas tendencias han sido los exámenes de lengua y formación cívica aplicados a las personas que quieran solicitar un visado para residir en buena parte de esos territorios (excepto si proceden de países catalogados como «desarrollados»), así como los contratos de integración que deben firmar y cumplir los inmigrantes para acceder a una residencia regular y, llegado el caso, a la nacionalización. Parte del contenido de esos recorridos individuales y personalizados hacia la integración se nutren de las narrativas sobre igualdad de género y libertad sexual que Fassin (2010, 2012) conceptualiza como «democracia sexual» y que han devenido sustancia de las identidades nacionales de diversos países europeos.

3. Migración, integración y familia

Volvamos a las preguntas puntualizadas en la introducción, yendo de lo general a lo particular: ¿Cuándo, cómo y por qué las formas de «hacer familia» de las poblaciones migrantes y refugiadas se convirtieron en terreno de control migratorio?

En los países europeos tradicionales receptores de inmigración (Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, entre otros), en el marco del fordismo, mientras el trabajo funcionaba como espacio de acoplamiento de los inmigrantes pensados principalmente como trabajadores, su integración, como la del resto de asalariados, no fue problematizada de manera diferenciada. Los «problemas de integración» eran entendidos en clave socioeconómica, con relación a la pobreza, situaciones de desventaja, la concentración urbana o la precariedad habitacional. La política migratoria estaba gobernada por la política económica y no se consideraba a la inmigración como desafío para la identidad nacional, porque se suponía que los trabajadores extranjeros no se quedarían más allá de la duración de sus contratos de trabajo.

Pero en los años setenta del siglo pasado este modelo de acumulación llegó a su fin. El desarrollo tecnológico impulsó la automatización y fraccionamiento del proceso productivo, lo que generó reconfiguraciones importantes en las formas de organización del trabajo asalariado. El paso del fordismo al postfordismo trajo consigo una progresiva disminución de la demanda de mano de obra que disparó los despidos. El debilitamiento del estatuto asalariado se transformó en componente estructural de las sociedades europeas. La reorganización del trabajo y el aumento del desempleo generaron cambios profundos en los modos de percibir, definir y gestionar la inmigración. Las políticas de reclutamiento de mano de obra extranjera se suspendieron. En este escenario, los trabajadores migrantes pasaron a engrosar las filas de los inhabilitados por la reestructuración industrial.

El trabajo dejó de operar como legitimador de la presencia ilegítima de la inmigración no nacional en el marco de la nación. Pero la reducción y definición instrumental de la migración como mano de obra, tolerada como mal menor pero jamás deseada, se quebró cuando se pasó de una inmigración laboral a una inmigración de poblamiento (Sayad, 2000). Contrariamente a lo que gobiernos y empresarios esperaban, los trabajadores inmigrantes no retornaron a sus países y amparados por el derecho de reunificación familiar, trajeron a sus familias. Si bien este proceso de migración familiar era previsible de derecho, de hecho no fue previsto y es el punto de partida de la problematización de la presencia inmigrante en términos de integración (Gil Araujo, 2010a).

Desde entonces, la migración por motivos familiares se convirtió en la principal vía de ingreso regular en los países del centro y norte de Europa, superando a las solicitudes de asilo. En un principio la reunificación de esposas, hijos e hijas, fue concebida como un instrumento para facilitar la integración de los trabajadores inmigrantes de postguerra «varones solos». Esto se vio reflejado en las facilidades otorgadas a esta forma de migración en, por ejemplo, los Países Bajos, Francia, Dinamarca o Reino Unido (Gil Araujo, 2010b). Sin embargo, la migración por motivos familiares se sostuvo en el tiempo, pero ahora como resultado de nuevas uniones matrimoniales de una parte de los hijos e hijas de la migración, nacidas y/o educadas en los países de inmigración, que forman familia con personas de los lugares de origen de sus padres. Estos patrones de nupcialidad han despertado la alarma de gobiernos europeos, que los interpretan como indicadores de falta de integración, ya que entienden que este proceso es especialmente difícil en familias donde personas de una generación tras otra traen a sus parejas desde los países de emigración.

Desde inicios del siglo xxi la lógica integracionista se ha radicalizado. A lo largo del camino, la integración ha dejado de ser considerada como el final de un proceso recorrido con la ayuda de las políticas del estado, para convertirse en un requisito que las poblaciones migrantes (y sus familias) deben cumplir, y demostrar que cumplen, si quieren ganarse el derecho a permanecer. Los idearios en torno a la migración por motivos familiares que toman cuerpo en un contexto nacional específico, son replicados en otros países de la región, como por ejemplo los exámenes de lengua en los lugares de origen como condición para acceder a un visado por reunificación o formación familiar y los contratos de integración para poder permanecer en destino6. El acceso de las personas migrantes a la vida en familia dejó de ser un derecho para convertirse en premio a un proceso de integración exitosa que debe atravesarse de modo individual, en sintonía con el auge de las racionalidades neoliberales (Gil Araujo, 2010a).

Por ejemplo, en Dinamarca la migración por motivos familiares, reconocida como derecho en la ley de extranjería 1983, experimentó cambios cruciales a lo largo de los años noventa. Desde el inicio del gobierno socialdemócrata (1993-2001) se establecieron requisitos económicos (niveles de ingreso) para inmigrantes patrocinadores de reunificación o formación familiar. Con el objetivo de evitar los matrimonios forzados, en 1998 se introdujeron limitaciones en la edad de los y las contrayentes, que deben ser mayores de 24 años. En el 2000 se incluyeron exigencias relativas a la vivienda. Desde el año 2002 quedaron excluidos ascendientes mayores de 60 años; mientras hijos e hijas pueden ser reagrupados hasta los 15 años, ya que se entiende que cuanto mayor es la edad, más difícil es la integración7. A finales de 2006 se modificó la ley de migraciones para introducir un examen de integración en los países de origen, que consiste en una prueba de lengua y de conocimiento de la sociedad danesa. Esta normativa, inspirada en la legislación neerlandesa pionera en la promoción de la «responsabilidad compartida», obliga a las personas candidatas a la migración familiar a cubrir los costos de los materiales y los derechos de examen.

Un elemento básico de la Ley de migraciones danesa es el programa de integración para población refugiada y migrantes con residencia por motivos familiares, que tiene como objetivos principales la educación cívica, las clases de danés y la «activación» laboral de los migrantes desempleados. El informe sobre el Plan de Integración 2020 presentado por Dinamarca a la Comisión Europea especifica:

«The government finds it important that all girls and women experience the same freedom in Denmark, regardless of their ethnic background. Forced marriages, refusals of divorces and religious marriages of under-age girls are not acceptable. The government wants to increase the use of expulsion in such cases, make it harder to obtain family reunification for parents who have participated in such things and increase the demands for Danish language tests for religious preachers in Denmark.»8

En coincidencia con otros estados europeos9, en Dinamarca los argumentos para justificar el endurecimiento de las políticas de migración familiar refieren primordialmente a crear unas bases más sólidas para la integración, garantizar la igualdad de género y reducir los matrimonios forzados o arreglados. Y aquí la respuesta a la segunda pregunta planteada en la introducción: ¿Por qué la edad de los contrayentes determina la consideración de un matrimonio como verdadero o fraudulento, y abre o cierra la posibilidad de la convivencia para los no nacionales? Por un lado, se busca proteger a las jóvenes de origen migrante de casarse contra su voluntad y, al mismo tiempo, se utiliza a esas jóvenes como instrumentos de control, selección y restricción de las migraciones provenientes de los países del Sur global.

Otro punto fuerte de los argumentos contra la migración familiar es el vínculo entre integración y autosuficiencia económica. En septiembre de 2021 la primera Ministra del gobierno socialdemócrata danés Mette Frederiksen anticipó su intención de vincular las ayudas sociales otorgadas a migrantes y refugiados con actividades de 37 horas semanales en «trabajos útiles». Esos trabajos podrían ser «en la playa recolectando colillas de cigarrillos o plásticos». «Lo importante para nosotros es que la gente salga de sus casas», declaró el Ministro de Trabajo. Esta iniciativa está pensada especialmente para las mujeres de Magreb, Turquía y Oriente Medio, el 60% de las cuales está fuera del mercado laboral, según datos oficiales10.

A esta altura del texto, considero haber contestado la pregunta sobre cómo la exministra de inmigración e integración danesa llegó a pensar las prácticas matrimoniales de las familias refugiadas como ámbito de intervención estatal. Del mismo modo, en este recorrido queda demostrado que su acción NO es el resultado de una decisión individual penada como delito, sino la manifestación de una forma concreta e histórica de problematizar y buscar actuar sobre la presencia inmigrante: el gobierno de la migración a través de las familias. Volveré a este punto en las notas finales.

4. Los idearios en torno a las familias migrantes y el imperialismo de la democracia sexual

«Francia, un país de igualdad. La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de la sociedad francesa. Las mujeres tienen los mismos deberes y los mismos derechos que los hombres. Tanto la madre como el padre son responsables de sus hijos. Este principio se aplica a todas las personas, francesas y extranjeras. Las mujeres no están sometidas ni a la autoridad de su marido, ni a la de su padre o un hermano para poder trabajar o abrir una cuenta bancaria, por ejemplo. Los matrimonios forzados y la poligamia están prohibidos, y la integridad física está protegida por la ley.»11

En el contexto europeo, la regulación de la dimensión familiar de la presencia migrante y los idearios de género, raza y clase han tenido un papel clave en la producción de las identidades colectivas y en la configuración de demarcaciones y contenidos del nosotros/ellos (Bonjour, 2020; Bonjour y de Hart, 2013; Fassin, 2010; Kofman, 2018). En los Países Bajos, en los debates públicos sobre integración de las familias migrantes la igualdad de género y la libertad sexual se asumen como sustancias de la identidad nacional. También en Suecia el discurso de la igualdad de género es un ingrediente esencial de la «comunidad imaginada» y funciona como base para marcar fronteras con las poblaciones inmigradas. Para el caso de Dinamarca, en el debate político sobre la presencia migrante, la igualdad de género y la tolerancia sexual se definen como indicadores del ser danés (Schrover y Moloney, 2013). En el discurso político francés la igualdad entre hombres y mujeres se presenta como esencia de la identidad republicana (Fassin, 2012). En definitiva, en varios países de Europa las narrativas de igualdad de género y libertad sexual se han transformado en componentes de las identidades nacionales12 y, simultáneamente, operan como «medidores» de la capacidad de integración (integrabilidad) individual de los y las inmigrantes en la nación. Por ejemplo, en los Países Bajos, el «kit de integración» incluye un DVD con imágenes de mujeres en la playa y de parejas del mismo sexo besándose13 (ibídem: 8). La utilización del argumento de la igualdad de género y/o la libertad sexual para presentar a la población migrante y sus descendientes como homofóbicos, opresores y menos democráticos, abonan una comprensión racializada de la sexualidad y el género. En este debate, la democracia sexual es construida como blanca y occidental, alentando su vertiente imperialista.

Pero ¿qué es la democracia sexual? Fassin la cataloga como un proceso que supone la extensión del ámbito democrático a las cuestiones del género y la sexualidad, con la creciente politización que impulsan las múltiples controversias públicas actuales. Así, «las cuestiones sexuales quedan sometidas cada vez más a las mismas exigencias políticas que el resto de cuestiones de la sociedad, ya sean trabajo o impuestos, inmigración o educación: en nombre de los mismos valores de libertad e igualdad se interpelan todavía más a las normas del género y la sexualidad» (ibídem: 6). En este marco conceptual, el imperialismo de la democracia sexual nomina la apropiación de la libertad sexual y de la igualdad de género como emblemas de la modernidad democrática occidental, en un contexto postcolonial. Un detalle importante: la igualdad pregonada no es igualdad entre razas o entre clases, la igualdad se ha convertido en igualdad entre sexos14. «Los ‘otros’ de nuestras sociedades, bárbaros que amenazan la civilización democrática, aparecen lógicamente como polígamos, violentos, —o incluso violadores— prisioneros de una cultura que encarcela a sus mujeres con el velo obligatorio, matrimonios forzados y mutilaciones geniales. Su sexismo prácticamente justificaría el racismo si uno y otro no fuesen, en principio, incompatibles con la democracia» (ibídem: 7). Como señala Fassin, y muestran las páginas precedentes, el imperialismo de la democracia sexual no se queda en la retórica, se extiende al ámbito administrativo y jurídico y se expresa en los contratos de integración aplicados a las población inmigrante y sus familiares.

Bajo el imperialismo de la democracia sexual, las mujeres de origen migrante son pensadas y tratadas como víctimas vulnerables, en necesidad de protección. Como contracara de estas imágenes, los varones migrantes y sus hijos son catalogados como opresores, violentos y peligrosos. En otras palabras: «Men are a risk, women are at risk» (Schrover y Moloney, 2013: 255). Diversos estudios verifican que en Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Austria, Países Bajos y Francia, la victimización de las mujeres migrantes ha sido acompañado por el proceso de criminalización de los varones (adultos y jóvenes) de origen musulmán (Bonjour y de Hart, 2013; Kofman, 2018; Schrover y Moloney, 2013). Algunas indagaciones sugieren que estas representaciones se vinculan con ideas formuladas en el contexto colonial del siglo xix (Bonjour, 2020; Schrover y Moloney, 2013), que han sido reactualizadas en una perspectiva que coloca a la (imaginada) moderna, independiente, emancipada y activa mujer europea como el ideal ciudadano y como contracara de las mujeres del Sur global, construidas como víctimas, pasivas, tradicionales y dependientes, no solo de sus comunidades, sino también de la asistencia estatal.

Especialmente en los estados nórdicos y Países Bajos, las mujeres reunificadas son a menudo acusadas de ser incapaces de cumplir con su rol de trabajadoras, para alcanzar la igualdad requerida y ser consideradas buenas ciudadanas (good citizens) (Kofman, 2018). El ingreso en el mercado laboral de estas mujeres se interpreta como vía de integración, emancipación y autonomía, sin importar el tipo y las condiciones de trabajo con las que deban confrontarse cotidianamente las trabajadoras. Considero que evaluar bajo estos principios el desempeño de las mujeres y las familias migrantes racializadas solo puede tener sentido desde la realidad o aspiración de las clases medias ilustradas, para quienes el trabajo no es un mero medio de supervivencia sino un fin en sí mismo, fuente de satisfacción y realización personal. La premisa resulta aún más absurda si se tiene en cuenta la creciente informalidad y precariedad que en los últimos 50 años ha ido cercenando el mundo de trabajo y la vida de los y las trabajadoras, inmigrantes o no. ¿Qué clase de trabajo realizan quienes elaboran discursos y normativas fundados en la idea de que el trabajo es instrumento de emancipación? Pero hay más: sentenciar que una vida familiar satisfactoria se basa en la capacidad de la mujer reunificada, seguramente imaginada como madre, de obtener sus ingresos de modo independiente, vuelve a poner en las mujeres la responsabilidad por el bienestar de las familias. La retórica de la emancipación y la igualdad de género patrulla los bordes de la identidad nacional, y lo hace, paradójicamente, a expensas de las mujeres.

5. Notas finales

En este articulo he indagado las imbricaciones entre la cuestión migratoria y la identidad nacional, prestando especial atención al modo en que la dimensión familiar ha sido problematizada bajo el paradigma de la integración. El nexo entre migración, familia e identidad nacional también emerge en la categorización de los hijos e hijas de la migración como «segunda generación» de inmigrante. Mediante estas clasificaciones los Estados (y las ciencias sociales) extranjerizan a una porción de sus nacionales, ya que muchas de estas y estos jóvenes han nacido en el país de inmigración, tienen la nacionalidad de ese estado nación, pero siguen siendo pensados (y tratados) a partir de la condición (in)migrante de sus padres. Como apuntan Roggeband y Van der Haar (2018), el lugar de origen nacional ha devenido fuente esencial e inescapable de identidad y comportamiento —con dimensiones étnicas, religiosas y de clase— que son trasmitidas intergeneracionalmente, y así conforman una eterna identidad homogénea e inalterable.

Las vinculaciones entre formas de organización familiar e integración evidencian la manera en que la vida privada de las familias de origen no nacional ha sido politizada. Sometidas a una exigencia de hipercorrección social y política dada su ilegitimidad, casi todos los aspectos de la cotidianidad de estas familias son investigados: ingresos, empleo, vivienda, roles sexuales, relaciones de género, vestimenta, creencias religiosas, pauta de crianza, en especial de las niñas. Principalmente las familias provenientes de países musulmanes son catalogadas como problemáticas para la integración y reproducción de ciudadanos y ciudadanas responsables y emancipadas. Estos núcleos familiares, y dentro de ella sus mujeres, no estarían en condiciones de operar como instrumentos de integración, en tanto no pueden garantizar el proceso nacionalizador, de construcción de seres nacionales, autónomos y productivos, que el Estado nación ha transferido a las familias. Y son por ello consideradas undiserable families (La Spina, 2019).

En su libro La policía de las familias (1998), Donzelot propone pensar el surgimiento de la familia moderna como el pasaje del gobierno de las familias al gobierno a través de las familias. Desde su perspectiva la familia es, al mismo tiempo, un medio para el desarrollo de los individuos y un instrumento para introducir unas exigencias normativas en materia de buen comportamiento educativo, conyugal y sexual. Algo de este doble movimiento reverbera actualmente en las regulaciones de la vida familiar de las poblaciones migrantes en Europa: por un lado, se proponen defender a las jóvenes de origen inmigrante contra los matrimonios forzados y otras formas de violencia patriarcal y, a la vez, mediante los contratos de integración, promueven la asunción de las racionalidades neoliberales de ciudadanía (nacional) autosuficiente, emancipada, emprendedora y responsable.

Algunas de las investigaciones citadas en este artículo constatan que la lógica de la ciudadanía activa, emprendedora y responsable impregna cada vez más la forma de problematizar la presencia inmigrante en el contexto europeo. Sin embargo, estos análisis no logran traspasar los límites establecidos por el campo de estudio para de ese modo ver que, tal como he argumentado en trabajos precedentes, la concepción de los migrantes y refugiados como hacedores de su propio destino se enlaza con las formas de pensar e intervenir en el terreno de lo social y condensan racionalidades políticas y tecnologías de gobierno características del liberalismo avanzado. Tal es el caso de El camino personalizado de la integración republicana, como se denomina en Francia a los itinerarios de integración individualizados, promovidos en los contratos de integración aplicados a la migración familiar y a las poblaciones refugiadas. Lógicas que, por cierto, van ganando terreno en el gobierno del refugio en la región sudamericana, pero ese es tema de otro artículo.

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1 Condenada a dos meses de prisión una exministra danesa por separar ilegalmente a refugiados, El País, 13 de diciembre de 2021. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2021-12-13/condenada-a-dos-meses-de-prision-una-exministra-danesa-por-separar-ilegalmente-a-refugiados.html#:~:text=La%20exministra%20de%20Integraci%C3%B3n%20e,ilegal%20de%20parejas%20de%20refugiados. Última consulta: 08/02/2022.

2 Para Sayad (2008) la inmigración puede ser definida como la presencia en el seno del orden nacional de individuos no nacionales y la emigración como la ausencia del orden nacional de individuos pertenecientes a ese orden.

3 «Inmigrante designa cada vez con mayor frecuencia una condición social, mientras que extranjero corresponde a un estatus jurídico-político; esto último puede cambiar sin que nada cambie en la primera, o sin que nada cambie en absoluto» (ibídem: 103).

4 Por ello la expulsabilidad, en tanto posibilidad de ser expulsado, es un componente inherente de la condición (in)migrante.

5 «… los inmigrantes son los primeros interesados en querer convencer, a veces contra toda evidencia y pese a su propia experiencia (…) de que su condición es provisional» (Sayad, 2010a: 253).

6 En los Países Bajos, desde marzo de 2006, los candidatos a la migración por motivos familiares deben aprobar en sus países de origen un examen de neerlandés y de orientación social denominado de Integración Cívica. En Francia, la firma del Contrato de Acogida y de Integración es obligatoria desde el 1 de enero de 2007.

7 Idea plasmada en la Directiva comunitaria de reunificación familiar del 2003. Ver: Gil Araujo, 2010b y La Spina, 2019.

8 Disponible en: https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/denmark-governments-integration-action-plan_en. Última consulta: 07/02/2022.

9 Alemania, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Noruega, entre otros (Kofman, 2018).

10 Dinamarca quiere que los extranjeros que cobren una ayuda del estado trabajen a tiempo completo, El Mundo, 8 de septiembre de 2021. https://www.elmundo.es/internacional/2021/09/08/6138bffb21efa0d0318b45c3.html

11 Contrato de Acogida e Integración, Ministerio de Empleo, Cohesión Social y Vivienda Agencia Nacional para la Recepción de los Extranjeros y de las Migraciones, 2006, p. 1. Disponible en: https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cai_espagnol.pdf. Última consulta: 08/02/2022.

12 El contenido de la democracia sexual presenta variaciones nacionales: en Francia es abordado en términos de igualdad entre los sexos, en Alemania se trata de libertad sexual, en Dinamarca y en los Países Bajos se conjugan ambas lógicas (Fassin, 2012).

13 Sobre el rol primordial de la homosexualidad en la variante neerlandesa del nacionalismo sexual, ver Dudink, 2011.

14 Para Fassin (2008) las cuestiones raciales son el reverso oculto de las cuestiones de género y sexualidad.